La reciente irrupción de la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802), sumada al andamiaje normativo del DNU 70/2023 y la Ley 27.742 (Ley de Bases), ha planteado un escenario de profunda incertidumbre para el eslabón más débil de la relación productiva: el trabajador. Bajo el rótulo de «agilidad» y «actualización», se han filtrado inconsistencias que colisionan de frente con el bloque de constitucionalidad y el principio protectorio que rige nuestra materia.
El derecho al reclamo íntegro bajo amenaza
El núcleo de la crítica radica en cómo estas nuevas disposiciones intentan restringir o postergar la satisfacción de los créditos laborales. No hablamos de simples sumas de dinero, sino de acreencias de naturaleza alimentaria.
«La posibilidad de fraccionar el pago de sentencias condenatorias en cuotas no son solo ‘ajustes técnicos’. Son barreras que impiden el cobro íntegro y oportuno, lesionando el derecho de propiedad y la garantía de una tutela judicial efectiva.»
La importancia vital del primer paso: El TCL
Ante este panorama, la estrategia de defensa del trabajador comienza mucho antes de llegar a tribunales. Al momento de redactar un Telegrama Colisionado Laboral (TCL), la precisión es hoy más obligatoria que nunca.
No basta con describir el cuadro fáctico (el «qué pasó»); es imperativo que el trabajador —debidamente asesorado— plantee de manera expresa la inaplicabilidad y la declaración de inconstitucionalidad de los artículos regresivos del DNU 70/2023 y las Leyes 27.742 y 27.802.
El «No» de los tribunales de Córdoba
Afortunadamente, el derecho no es una letra muerta y la justicia cordobesa ya está marcando el camino. En las últimas semanas, diversos tribunales de nuestra provincia han dictado fallos contundentes declarando la inconstitucionalidad de los artículos que permiten el pago en cuotas y los límites a la actualización monetaria.
«La jurisprudencia local sostiene con firmeza que una norma pierde razonabilidad cuando altera las condiciones de hecho que le dieron origen, perjudicando gravemente al trabajador en un contexto inflacionario.»
El mensaje de los jueces es claro: la modernización no puede ser la excusa para el despojo.
Estamos ante un cambio de paradigma que exige una vigilancia activa. El trabajador no debe verse amedrentado por la complejidad de las nuevas leyes. Por el contrario, debe saber que la Constitución Nacional sigue siendo su escudo principal y que, con un planteo jurídico fundado desde la primera comunicación telegráfica, es posible neutralizar estas inconsistencias y garantizar el respeto a su dignidad y su salario.