Cada vez que aceptamos los términos y condiciones de una aplicación, creemos estar ejerciendo un acto voluntario. Pero, ¿qué ocurre cuando la empresa ya sabe más de nosotros que nosotros mismos? El verdadero peligro jurídico de 2026 no es la información que entregamos voluntariamente, sino el dato inferido: ese perfil invisible que los algoritmos construyen sobre nuestra salud, tendencias políticas, solvencia económica y hasta nuestra orientación sexual, basándose únicamente en patrones de navegación o geolocalización.
La privacidad, tal como la conocíamos, ha muerto; y nuestra legislación argentina, anclada en una ley de principios de siglo (Ley 25.326), se ha convertido en una reliquia arqueológica frente a una economía que nos disecciona a través de datos que nunca autorizamos a recolectar.
El fin de la ficción jurídica
El modelo actual de «consentimiento informado» es, en la práctica, una burla al principio de autonomía de la voluntad, ya que cuando el consentimiento se vuelve masivo, mecánico y oculto tras términos de servicio ilegibles, pierde su esencia protectora; no podemos consentir lo que no comprendemos, y menos aún aquello que una máquina infiere sobre nuestro futuro.
El consentimiento no es un clic, es el control absoluto sobre quien tiene el derecho a traducir nuestra intimidad en un algoritmo.
El riesgo no es solo la vulneración de la intimidad, sino la discriminación algorítmica: empresas, aseguradoras o entidades crediticias ya podrían estar utilizando estos perfiles invisibles para denegar servicios basándose en prejuicios ocultos en el código, dejando al ciudadano en una indefensión total al enfrentarse a una conclusión que ni siquiera sabía que existía.
Ante este panorama, para las empresas locales (especialmente del sector AgTech y SoftTech), la privacidad ya no debe ser un costo, sino un activo estratégico; adoptar estándares internacionales como el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea) bajo la premisa de «Privacidad desde el Diseño» no solo es la llave maestra para exportar servicios con éxito, sino el único camino para que las firmas cordobesas auditen sus algoritmos, aseguren inferencias éticas y, en última instancia, lideren el mercado de la confianza digital que el mundo demanda hoy.
Las empresas tecnológicas —como las referentes del sector AgTech, entre ellas Kilimo y Auravant, que utilizan grandes volúmenes de datos para optimizar la producción agropecuaria, así como las compañías que integran el ecosistema SoftTech cordobés— enfrentan el desafío de alinearse con estándares internacionales como el GDPR. Aunque estas regulaciones no tienen un correlato directo en nuestra región, marcan el rumbo en materia de transparencia, protección de datos y responsabilidad algorítmica. En este contexto, la privacidad debe dejar de ser concebida como una carga regulatoria para transformarse en un diferencial estratégico capaz de fortalecer la confianza de usuarios, clientes e inversores.
El precio de nuestra autonomía
Es momento de enterrar el mito del consentimiento formalista y exigir una responsabilidad por el uso que sea implacable. El Derecho no puede seguir preguntándose si el usuario hizo un clic hace años; debe comenzar a interrogar el accionar de las empresas con los perfiles inferidos y los posibles daños silenciosos que provocan en nuestra libertad.
La verdadera libertad en el siglo XXI no reside en lo que elegimos compartir, sino en el derecho a no ser convertidos en una predicción comercial.
Córdoba tiene hoy la oportunidad de liderar la ética digital, pero debemos preguntarnos: si una máquina puede predecir nuestra conducta, nuestras necesidades y nuestras debilidades antes incluso de que nosotros mismos las reconozcamos, ¿seguimos siendo realmente dueños de nuestras decisiones? La respuesta a esa pregunta definirá si el mañana será una era de innovación o una sofisticada forma de servidumbre algorítmica.
Autor: Mariano F. Fernandez